Con el fin de exigir un pago de indemnización por 100 millones de dólares por daños y perjuicios en la investigación de un empresario mexicano, el abogado Salvador Padilla, representante legal del afectado, presentó una demanda contra la República de Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Padilla explicó que la demanda en contra el Estado panameño fue por diversas violaciones al debido proceso, aprehensiones sin fundamento de bienes y dinero y violar la identidad de su cliente sin datos de prueba o fundamentos de derecho.
Agregó el abogado que la demanda se presentó bajo el principio de definitividad, que implica que no se debe agotar los recursos internos que tiene la legislación Panameña, por resultar ineficaces e insuficientes para garantizar los derechos humanos del empresario mexicano cuyo nombre se reserva por obvias razones.
Asimismo, dijo que la cuantía demanda será por una propuesta de 100 millones de dólares como consecuencias de los perjuicios ocasionados en su proceso y el cual detalla las afectaciones y el viacrucis que ha vivido su cliente en los dos años de investigación, que, hasta la fecha, no ha arrojado resultado o se ha llegado a una imputación de cargos.
Es importante mencionar que la investigación se lleva a cabo en el Ministerio Público de Panamá por la Fiscalía contra la delincuencia organizada a manos de los fiscales Isis Soto, Marcos Mosquera, Sonia Almengor y Sandy Cedeño, debido a que ellos, han sido los autores de todas las arbitrariedades y las faltas al debido proceso que Salvador Padilla, abogado defensor del empresario, está acusando y exponiendo ante las cortes internacionales.
Y es que al empresario se le han aprendido dos cuentas bancarias con 18 millones de dólares; además de dos residencias y una serie de vehículos de lujo. Posteriormente al afectado se le inadmite la entrada al país al intentar ingresar en diciembre 2019, después de 36 horas de haberlo puesto en detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el mismo que gozaba de residencia permanente de países amigos.
Lo anterior no le permitió continuar con su proceso presencial y llevarlo a un limbo jurídico por una investigación en fase investigativa indefinida, todo ello al amparo de una investigación circular realizada fraudulentamente en otro país.
Salvador Padilla menciona que, además, parte del dinero del afectado fue transferido arbitrariamente y sin notificarle al Banco Nacional de Panamá, dejando una pérdida económica de 800 mil dólares en interés perdidos, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales están siendo utilizados dejando miles de dólares en multas en el sistema PANAPASS por diputados de la Asamblea Nacional de Panamá.
Además señalan la desaparición de otros vehículos del cual no se conoce el paradero y la entidad que se encarga de salvaguardarlos (la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF) le niega el acceso a la información y los expedientes se encuentran en reserva permanente.
El equipo legal del empresario está preparando una serie de querellas, demandas y denuncias tanto nacionales como internacionales, a todos los implicados de esta causa.
El empresario ha dicho: “El momento ha llegado para los buenos panameños y las comunidades internacionales para desinfectar la podrida corrupción que existe en su Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y las demás entidades públicas de su gobierno”. Y añade que hasta que se ponga un alto a todos los funcionarios públicos corruptos de Panamá, ningún inversionista extranjero tendrá una seguridad jurídica en ese país.
