RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Aunque los republicanos de Carolina del Norte aseguren que la «ley de baños» no acarrea perjuicios a la economía local, la normativa que restringe las protecciones a la comunidad LGBT costará al estado la pérdida de negocios por más de 3,760 millones de dólares en los próximos 12 años, de acuerdo con un análisis de The Associated Press.
En Carolina del Norte, la ley excluye la identidad de género y la orientación sexual en las protecciones contra la discriminación en todo el estado, y obliga a las personas transexuales a utilizar los baños en edificios públicos según el sexo que aparece en sus actas de nacimiento.
En el último año, Carolina del Norte ha sufrido diversos golpes económicos, desde los fallidos planes para la apertura de una oficina de PayPal que habrían aportado 2,660 millones de dólares a la economía estatal, hasta la cancelación de un concierto de Ringo Starr que privó al anfiteatro de la ciudad de unos 33.000 dólares.
Estos descalabros han ocurrido en las ciudades más grandes de Carolina del Norte, así como en las localidades circunvecinas de la principal universidad local.
Carolina del Norte podría perder centenares de millones de dólares más porque la asociación deportiva colegial NCAA es renuente a que el estado sea sede de competiciones cuando antes era uno de sus anfitriones favoritos.
La semana pasada, la NCAA dijo que los escenarios de Carolina del Norte no serán considerados para las competiciones de campeonato de 2018 a 2022 «sin un cambio» en la ley porque la considera discriminatoria.
Ciudades, escuelas y otros grupos de Carolina del Norte han presentado más de 130 solicitudes para ser escenario de competiciones.
Los legisladores estatales aprobaron el jueves la derogación de la ley en un intento de frenar las consecuencias económicas negativas para el estado. La propuesta fue enviada al gobernador Roy Cooper, que había exhortado a los legisladores a que la apoyaran.
Pero el acuerdo fue censurado por ambas partes: los conservadores defienden la ley como está y los activistas exigieron la revocación total.
Se desconoce si la derogación será del agrado del organismo rector del deporte universitario o de otras empresas.
Sin embargo, los cálculos de la AP podrían estar por debajo de la cifra real del verdadero costo económico que la ley acarreará al estado. La cantidad incluye sólo la de información obtenida de negocios y funcionarios sobre proyectos cancelados o reubicados debido a la iniciativa.
EMERY P. DALESIO y JONATHAN DREW, Associated Press
