SIN MUROS
Por Guillermo Ochoa
Podemos estar tristemente acostumbrados a que las autoridades hagan lo que les venga en gana con los recursos públicos. Podemos tener una memoria tan corta que nos permita olvidar en cuántas ocasiones se ha desfalcado al erario con desfachatez absoluta. Pero lo que no podemos permitir es que los recursos destinados a la reconstrucción de las viviendas afectadas y al apoyo de los damnificados del 19-S se desvíen en el camino.
Pocas cosas tan mezquinas como sacar ventaja de la tragedia ajena. El mismo día del sismo, a través de las redes sociales, nos enterábamos con una mezcla de rabia, impotencia e incredulidad de delincuentes sin madre que aprovechaban el caos vial para asaltar a los automovilistas. Tal parece que, a cuatro meses del sismo, hay quien podría llevar esta reprobación moral a niveles exponenciales. Utilizar o desviar parte de los millones de pesos asignados para la titánica tarea de reconstrucción con el fin de obtener rentabilidad política o para algún beneficio económico personal es deleznable.
Incluso, el simple hecho de entorpecer o burocratizar los canales para hacer llegar la ayuda a quien lo necesita es ya criticable. Las vías deberían ser expeditas para que el dinero se empleara de inmediato en beneficio de los afectados. Pero sabemos que, en México, somos especialistas en complicar las cosas.
La semana pasada, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo, quedó desmembrada. El propio comisionado, Ricardo Becerra, y otros integrantes ciudadanos, como Katia D’Artigues y Mauricio Merino, renunciaron alegando falta de transparencia en el manejo de los más de ocho mil millones de pesos destinados a estos fines. Y es que, en un oficio firmado por los asambleístas Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, se instruye a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a reasignar cientos de millones de pesos a la Jefatura Delegacional de Coyoacán para adquirir computadoras, chamarras y pants. Difícil comprender qué tienen que ver tales adquisiciones con las obras de reconstrucción y apoyo para los afectados. Cabe mencionar que los asambleístas han desconocido dicho documento, aunque ya sabemos que desconocer y negar las pruebas es ya un clásico de nuestros políticos.
En su carta de renuncia, Becerra argumenta que la reasignación de recursos “no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas” y no responde a las prioridades que establecieron los expertos de la Comisión de Reconstrucción. Por su parte, D’Artigues asegura que, ante la nueva etiqueta de los montos, la comisión no tiene razón de ser.
Justamente, el organismo se formó para evitar ventajas electoreras en un año como éste. Sus integrantes han escuchado las voces de quienes lo han perdido todo. Han recorrido las manzanas dañadas y las colonias afectadas. Saben lo que se necesita. Pero esto de nada sirve cuando lo que se requiere para levantar los escombros de la ciudad se aplica con fines no sólo equivocados, sino hasta perversos. En el manejo de los recursos para los damnificados no cabe, ni siquiera, la más mínima sospecha.
