• Auto de no vinculación a proceso garantiza libertad total e inocencia del empresario
En un giro significativo en el caso Black Wall Street Capital, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio ha reconocido plenamente la inocencia de Juan Carlos Reynoso. Dicha resolución indica que no existe diligencia pendiente de desahogo, por lo que se ha ordenado que el expediente se archive como asunto concluido, conforme al artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
El pasado 25 de mayo de 2023, un juez Federal emitió un auto de NO vinculación a proceso a favor de Juan Carlos Reynoso Fernández, según el proceso penal 88/2023. Este auto, registrado en el oficio AC1/239/2023, dictamina su inmediata libertad al no encontrarse relación con ninguno de los delitos que se le imputaban injustamente. Adicionalmente el pasado 10 de Mayo del 2024, se resolvió de manera definitiva la apelación a este fallo de no vinculación, por parte de la Procuraduría Federal y decidieron los magistrados asignados, No Aceptar los argumentos de dicha apelación quedando el caso totalmente cerrado.
Adicionalmente, se ha confirmado que Juan Carlos Reynoso no forma parte de OmegaPro, desde Diciembre del 2022 y que solo ocupaba un cargo como entrenador y gerente del área de desarrollo personal y ventas, aclarando cualquier malentendido previo sobre su vinculación con esta entidad. Este desenlace ha sido significativo en aras de limpiar su nombre y restablecer su reputación, que injustamente ha sido dañada debido a este proceso.
Por otra parte, una investigación detallada revelada por el prestigiado portal de noticias de Carmen Aristegui ha expuesto que el montaje de la detención en su contra, tenía como objetivo el robo de tres millones de dólares y 15 millones de pesos, cantidades que no fueron reportadas por el Ministerio Público, cuyos responsables ya han sido suspendidos de sus cargos y permanecen bajo prisión preventiva oficiosa.
Derivado de este caso ha resaltado la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en las acciones del Ministerio Público para prevenir futuros abusos y garantizar la justicia para todos los actores de la sociedad mexicana.
