LO QUE DEBES SABER SI GENERAS FACTURAS
Las nuevas reformas aprobadas por los diputados impondrán penas de hasta 9 años de prisión a defraudadores fiscales.
La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas que tipificarán la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada.
A reserva de la aprobación del Ejecutivo, estas reformas buscan que tanto la facturación falsa como la defraudación fiscal sean considerados como delitos de prisión preventiva oficiosa.
¿Tú o tu empresa generan facturas? Esto es lo que debes saber sobre las reformas avaladas por los Diputados.
El dictamen aprobado por la Cámara baja adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
De acuerdo con la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, se impondrán sanciones de 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
El uso de facturas falsas estará sancionado con hasta 9 años de prisión
La pena de prisión no solo será para las personas que usen las facturas falsas, sino para los que, por medio de un tercero, utilicen o expidan los comprobantes fiscales apócrifos.
Las penas antes de las reformas hoy aprobadas eran de entre 3 a 6 años de prisión, por lo que ahora el rango crece hasta en 3 años.
Otro de los puntos importantes del dictamen tiene que ver con las penas contra los sujetos que publiquen o permitan anuncios para la compra de facturas falsas.
La defraudación fiscal se considerará delito para prisión preventiva
La defraudación fiscal se considerará como delito para prisión preventiva oficiosa cuando supere en tres veces el monto de 2 millones 601 mil 410 pesos.
Los servidores públicos que realicen facturas falsas o defrauden fiscalmente serán separados de su cargo e inhabilitados de entre uno a 10 años.
Además, los funcionarios públicos podrán ser castigados con hasta 6 años de cárcel si cometen o participan en un delito fiscal.
Con las reformas, los ilícitos contra el fisco serán considerados como amenazas a la seguridad nacional.
Fuente: El Financiero
