Los motopatines eléctricos vuelven a ser un problema para los peatones, pero esta vez sí se procedió a favor.
Un juez federal admitió la demanda colectiva contra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial capitalinos por violar los derechos de los peatones e incumplir la obligación de brindar la Buena Administración Pública, considerada como un derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México.
El Comité Ciudadano Hipódromo II denunció el caso omiso del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para prohibir y sancionar a las empresas y usuarios de monopatines eléctricos de renta y bicicletas sin anclaje de renta estacionar o circular estos vehículos sobre banquetas, pasos peatonales, parques, camellones y rampas para personas con sillas de ruedas, entre otros lugares.
Además, señaló que de manera arbitraria y sin considerar a los vecinos, el funcionario local impuso como zona de operación para las empresas operadoras las colonias Hipódromo, Condesa, Roma, Juárez, Polanco, Anzures, Del Valle y Nápoles, entre otras.
Autoridades no han logrado poner orden
Anunció que el próximo 1 de julio a las 11:00 horas se celebrará la audiencia constitucional y se emplazó “a las autoridades responsables, que respectivamente deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de 15 días”.
En un comunicado, el comité denunció durante más de un año de operaciones irregulares, las autoridades no han logrado poner orden, y esto ha colmado la paciencia de los vecinos, que se vieron en la necesidad de acudir a solicitar el apoyo de la justicia federal.
Indicó que en el acuerdo del 5 de junio de 2019, el juez Noveno de Distrito determinó admitir la demanda de cuenta contra actos de la Secretaría de Movilidad y otras autoridades; refirió que no se tramitó el incidente de suspensión dado que la parte quejosa no lo solicitó.
Buena Administración Pública
Al respecto, representantes del comité reconocieron que la Constitución Política de la Ciudad de México le ha dado a los ciudadanos mejores herramientas jurídicas para exigir a las autoridades respetar entre otros el Derecho a la Buena Administración Pública.
La demanda del comité implica a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por emitir Reformas al Reglamento de Tránsito que violan Derechos Humanos y sus Garantías de conformidad con el Título I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Además a la Secretaría de Movilidad por emitir lineamientos que violan derechos humanos y sus garantías de conformidad y la Secretaría de Medio Ambiente por asumir una actitud pasiva y no participar en la evaluación de los impactos de estos sistemas de movilidad y en la valoración como vehículos “sustentables”.
Violentan el derecho a la buena Administración Pública
También a las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por asumir una actitud pasiva y no participar en el diseño de los lineamientos de operación de estos sistemas de bicicletas y patinetas sin anclaje.
Se implica a las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, por violentar el derecho a la buena administración pública, consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, y la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la capital, el Congreso Constituyente, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Congreso de la Ciudad de México.
NTX/RBR/CHA
