La cancelación de la reforma a la Ley de Seguridad Social, conocida como Ley ISSEMyM, que permitía al Instituto realizar convenios de portabilidad de derechos con otras instituciones de Seguridad Social, a través de la AFORE, afectará directamente a los servicios de salud.
Alberto Peredo Jiménez, Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), informó que las dificultades del Instituto no surgieron de la noche a la mañana, ni son resultado de la acción irresponsable; las causas fueron plenamente identificadas en su momento y las soluciones de fondo se dejaron para el futuro, hasta que el Gobierno de Alfredo Del Mazo decidió, como acto totalmente responsable y ético, atenderlas inmediatamente porque conforme pasaba el tiempo el modelo solidario de reparto se volvió insostenible.
Mientras los gastos en materia de pensiones han crecido en los últimos 20 años de forma acelerada y exponencial, la población de servidores activos ha disminuido; explicó que para el año 2000, por cada pensionado, había 16 servidores públicos en activo que mantenían el sistema.
Pensiones por arriba de los sueldos
Es tal la magnitud de la presión financiera, que la pensión promedio de los jubilados supera al sueldo promedio de los trabajadores activos, explicó Peredo Jiménez.
En contraste, la atención a la salud ha incrementado exponencialmente sus costos: tan sólo en 2011 el gasto promedio en salud por trabajador era de 4 mil pesos al año, para 2018, éste se ha duplicado a 8 mil pesos per cápita, debido en gran medida al incremento en el costo asociado a las enfermedades de alto impacto como la diabetes, el cáncer y los males cardiacos, entre otros, cuyos costos por caso pueden superar el millón de pesos.
El titular de la Institución precisó que el ISSEMyM también enfrenta presiones económicas derivado de la continua alza en los precios de medicamentos e insumos y puso como ejemplo que en los últimos años el costo de los medicamentos subió hasta en un 44 por ciento.
Mil millones arriba
En este sentido, en 2012 el ISSEMyM gastaba poco más de 2 mil millones de pesos en medicinas y para 2018 el presupuesto para este rubro es del orden de los 3 mil millones de pesos.
Ante este panorama, las consecuencias de no fondear suficientemente al Instituto impactarán en una reducción significativa en los bienes y servicios dedicados a la atención de la salud de sus derechohabientes, pues ante la falta de los recursos necesarios se presentaría un incumplimiento de los contratos con proveedores y prestadores de servicios, lo cual redundaría en la reducción significativa e inmediata del cuadro básico de medicamentos, en la restricción de la cobertura de los servicios y recortes acentuados en la plantilla del personal de salud, entre otras.
De frente al problema
Finalmente, Peredo Jiménez recalcó que “con esta Reforma el Gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo privilegia la atención y el respaldo a los servidores públicos mexiquenses y afronta el problema financiero, que no es exclusivo del Estado de México, sino es una realidad que han enfrentado diversas naciones en el mundo que se han visto en la necesidad de cambiar de paradigma pensando en el bien general con perspectivas de futuro”.
A propuesta de Morena y del PT, y pese al voto en contra del PRI y del PAN, los legisladores de Morena, PT, Encuentro Social, y PVEM abrogaron el Decreto 317, a través del cual se había expedido la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicado en Gaceta del Gobierno el 10 de agosto de 2018, y la cual entraría en vigor el primero de enero del 2019. PRD se abstuvo.
